martes, 19 de diciembre de 2017

Nota de prensa



HondurasDelegation, Oficina Ecuménica por la paz y la justicia y del Centro de investigación y documentación Chile- Latinoamérica (FDCL)

Organizaciones y grupos de la Sociedad Civil exigen fin a las represiones y apoyo para un nuevo comienzo democrático en Honduras

Múnich/Berlin (19.12.2017) „La Unión Europea no debería de esconderse detrás del mandato técnico de la Misión de Observación Electoral y sentenciar el proceso de elección en Honduras como inconcluso. La realidad ya es otra: el plenamente desacreditado Tribunal Supremo Electoral ha declarado al Presidente actual Juan Orlando Hernández como electo, después de un proceso fraudulento. Con mayor razón la Unión Europea y los gobiernos de sus Estados miembro tienen que mostrar urgentemente una postura clara, para impedir más derramamiento de sangre y así respetar la voluntad de la población en Honduras. La sociedad civil en Honduras espera acciones políticas, para que su deseo a un nuevo comienzo democrático sea tomado en cuenta. La forma legalista y técnica de actuar de la Unión Europea pone más leña al fuego a la de por sí situación crítica, que cada hora aumenta“, señala Andrea Lammers, encargada de Honduras de la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia en Múnich. 
 
Las elecciones del 26 de noviembre del 2017 estuvieron ensombrecidas por reproches de fraude y dudas a la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea expresó claras críticas inmediatamente después de las elecciones, pero después se quedó callada. Fue hasta el anuncio de la victoria de Hernández, el 17 de diciembre, cuando se hizo un reporte provisional, donde la Unión Europea considera que es necesario llevar a cabo más análisis. La Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó un informe detallado, donde concluye que las elecciones fueron „de mala calidad“. Análisis estadísticos consideran extremadamente improblable la victoria de Hernández, afirmada por el Tribunal Supremo Electoral. Además no puede dejar de estar puesta en duda una posible manipulación a pesar de que se hayan realizados algunos conteos ulteriores. Por esta razón y de acuerdo con el Secretario General de la OAS Almagro, debería de haber nuevas elecciones. 
 
Durante los días anteriores numerosas noticias en vivo dieron a conocer la excesiva violencia ejercida sobre todo por las fuerzas estatales de seguridad. La policía militar disparó para desalojar las barricadas de los manifestantes, el ejército registró zonas completas de la ciudad, los soldados arrojaron granadas de gas lacrimógeno en casas e hicieron, por así decirlo, cacería de activistas y de otras personas no involucradas en las protestas. Hasta ahora lamentamos más de 24 muertes, entre ellas niños y jóvenes. A esto se le agregan más de 800 detenciones arbitrarias, un número desconocido de desaparecidos y centenares de heridos. 
 
Organizaciones hondureñas e internacionales indican con gran urgencia la situación dramática, especialmente de las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas independientes, quienes tratan de documentar los abusos.
El MADJ no está en las calles para defender a algún partido político, sino para defender la voluntad del pueblo.“ enfatizó Juan Antonio Mejía de la organización de derechos humanos Movimiento Amplio el 18 de diciembre frente a la red HondurasDelegation. Mejía teme que en los siguientes días continúen las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas estatales de seguridad, pero también teme que hayan confrontaciones armadas entre otros grupos. Según algunas fuentes se están reuniendo grupos del partido gobernante para prepararse para enfrentamientos selectivos. 
 
Lo que se necesita ahora de la Unión Europea y sus Estados miembro es contundencia y que apoye a la OEA que está llamando a nuevas elecciones y que se haga un nuevo proceso electoral. Ésta parece la salida en la que menos sangre puede haber derramada, en la que la división puede ser un poco más manejada.“ agregó Mejía. Sería decisivo la observación y el apoyo del proceso electoral completo por la comunidad internacional. Por supuesto, Juan Orlando Hernández no debe de lanzarse como candidato presidencial. La candidatura inconstitucional de Hernández para un segundo periodo de gobierno fue una de las causas de la grave crisis actual.

Links:


Contacto:
Andrea Lammers
089 – 448 59 45

martes, 12 de diciembre de 2017

“La Policía Militar que tiene JOH ha conformado los escuadrones de la muerte”

POR DICK & MIRIAM EMANUELSSON TEGUCIGALPA / 2017-12-11 /

La ex comisionada de asuntos internos de la Policía Nacional, María Luisa Borja, acusa al presidente Juan Orando Hernández por haber creado, a través el nuevo cuerpo policial-militar, los escuadrones de la muerte, que según Borja, operan y ejecutan asesinatos durante el estado de sitio y el toque de queda. Ese nuevo organismo, que posee de 11.000 unidades, “está bajo órdenes de Juan Orando Hernández”, dice en la siguiente entrevista explosiva.


martes, 5 de diciembre de 2017

Carta abierta a la Unión Europea y sus Estados miembro

Las organizaciones firmantes, expresamos nuestra preocupación con los hechos recientes que han desencadenado una grave crisis en Honduras.

Por medio de la presente carta respaldamos el llamado de la ciudadanía hondureña y de las organizaciones de la sociedad civil por el respeto a su voto y poner alto a las violaciones de los derechos humanos.

El domingo 26 de noviembre de 2017 el pueblo Hondureño participó en unos comicios electorales, acompañado por una numerosa presencia de observadores nacionales e internacionales, siendo una de ellas la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE). Un día después de las elecciones la MOE-UE advierte ya que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no mantenía una comunicación abierta con los partidos políticos y ciudadanos de Honduras, lo que apunta a una falta de transparencia y de responsabilidad.

A 8 días de la celebración de las elecciones, los resultados finales no han sido anunciados, lo que lleva a pensar en fraude o una posible alteración de los resultados electorales por parte del TSE.
El miércoles, 29 de noviembre, en la noche Salvador Nasralla y Manuel Zelaya, coordinadores de la Alianza de Oposición, anunciaron que no iban a reconocer los resultados del TSE., explicando varios ejemplos de actividades fraudulentas para inflar los votos en favor de Juan Orlando Hernández . Tambien denunciaron la omisión de votos a favor de la Alianza.

Nosotros, como ciudadanos y organizaciones que seguimos de cerca el proceso político hondureño durante la última década, estamos profundamente preocupados por el papel de debilitar que probablemente está jugando el TSE., ya que aumenta la inseguridad y la polarización dentro de la población hondureña y profundiza la crisis política en el país.

Diferentes fuentes y medios reportan que como respuesta una gran parte de la población está manifestando en todo el país. Demandan a las autoridades electorales que respeten el voto popular. Fuerzas de la seguridad bajo control de Juan Orlando Hernández están reprimiendo a la población en el contexto de una fuerte militarización en la capital y otras ciudades importantes del país. Según varios informes, 8 personas han perdido la vida y hay cientos de heridos en las protestas, consecuencia de los disparos de las fuerzas de seguridad del Estado. Como reacción a las protestas, el viernes 1ero de diciembre, el gobierno hondureño declaró el estado de sitio y un toque de queda para 10 días de 6 PM a 6 AM, durante el cuál las garantias constitucionales quedan suspendidas.
Le pedimos urgentemente que Ud. use sus relaciones diplomáticas para apoyar a la sociedad civil de Honduras exigiendo al gobierno de Honduras representado en el TSE un recuento de las actas electorales. Incluyendo las cinco mil actas que todavía no fueron escrutadas bajo la supervisión internacional – una recomendación también hecha por parte de la MOE-UE.

Demandar al gobierno Hondureño que pare de inmediato la represión contra las legítimas manifestaciones de los ciudadanos y que se respete su derecho humano a la protesta,
Le pedimos que demanden la reinstalacion de las garantías constitucionales y cese el toque de queda.

Le instamos a exigir una investigación independiente internacional dentro del TSE.
Finalmente, y en vista del riesgo inminente de que la situación de las condiciones políticas y de los derechos humanos se polaricen aún más, le solicitamos que suspenda temporalmente toda la ayuda financiera al gobierno de Honduras hasta que dichas manipulaciones electorales se hayan resuelto y hayan cesado las acciones represivas contra la ciudadanía.
 
Atentamente:
Alerte Honduras, France
Amycos.org, Spain
Associazione Italia Nicaragua, Italy
Associazione Nazionale di Amicizia Italia – Cuba Circolo di Milano, Italy
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos, Spain
Asociación ENTREPUEBLOS, Spain
Asociación Guaymuras, Spain
Dr. Birgit Bock-Luna, Germany
Both ENDS, Netherlands
Cadena de Derechos Humanos Honduras (CADEHO), Germany
CAMPANIA CAFE MEXICO CCM, Germany
CAREA e.V., Germany
Christliche Initiative Romero e.V., Germany
Col. lectiu RETS, Catalonia
Collectif Guatemala, France
Collettivo Italia Centro America CICA, Italia
Comité pour les Droits Humains “Daniel Gillard”, Belgium
Comitato Berta Vive - Milano, Italy
Comitato Global Local Bolzano, Italy
Comunidad Centroamericana, Spain
Comunidad de centroamericanos en Alemania (comuniCA), Germany
Diáspora Hondureña, Germany
Emmaus Aurinkotehdas, Finland
Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldia, Argentina
Fachgruppe Internationales der Neuen Richtervereinigung, Germany
FairBindung e.V., Germany
Finance & Trade Watch, Austria
Friendship Office of the Americas, United States of America
Friends of the Earth International, Finland
Friends of the Earth International, Netherlands
Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika, Germany
GegenStrömung, Germany
Guatemalagruppe Nürnberg e. V., Germany
Guatemala Solidarität Österreich, Austria
Heike Hänsel, Member of Parliament, acting chairperson oft he group Die Linke, Germany
HondurasDelegation, Germany & Aiustria
Honduras Forum Schweiz, Switzerland
Indignados Honduras USA (New York), United States of America
Informationsgruppe Lateinamerika – IGLA, Austria
INKOTA e.V., Germany
Internationale Versöhnungsbund – Österreichischer Zweig –IFOR, Austria
International Rivers, United States of America
Claudia Korol, Argentina
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-
La Comunidad Centroamericana en España, Spain
Mangrove Action Project, United States of America
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V., Germany
Harald Neuber, Journalist, Germany
New Wind Association, Finland
Nicaragua Center for Community Action (NICCA), United States of America
Nicaragua-Forum Heidelberg, Germany
Nicaragua-Verein Düsseldorf e.V., Germany
Ökumenisches Büro für Frieden und Gerechtigkeit e.V., Germany
Oposición Indignada (Miami), United States of America
Pañuelos en Rebeldía, Argentina
Partito della Rifondazione Comunista/Sinistra Europea, Italy
Paolo Freire Gesellschaft e.V., Germany
Florencia Quesada Avendaño, University of Helsinki, Finland
Red Europea de Comités Oscar Romero, Belgium
Clara Siersch, Austria
Solidaritat Arbúcies-Palacagüina, Catalonia
Solidario con Guatemala, Belgium
Nora Vargas Martinez, El Salvador/Germany
Welthaus Wien, Austria
XminY het actiefonds, Netherlands


English Version:
OPEN LETTER TO THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES
We, the signing organizations, want to raise our urgent concerns regarding the recent events and unfolding crisis in Honduras. We write this letter in support of Honduran citizens and civil society organizations in their call for the respect of their vote and a halt to human rights violations.

On Sunday, November 26, 2017, Hondurans went to the polls, accompanied by a strong presence of national international observers, one of them being the Election Observation Mission (EOM-EU) of the EU. On the day following the election day, the EOM-EU already warned that the Supreme Electoral Tribunal (TSE) did not maintain open communications with the Honduran citizens, which pointed to a lack of transparency and accountability. 
 
A week has passed since the elections and the final results have still not been announced. This, amidst widespread fear for fraud and a possible alteration of the results by the Supreme Electoral Tribunal.

On Wednesday night, November 29th, Salvador Nasralla and Manuel Zelaya, the coordinator of the Opposition Alliance, announced that they would not recognize the results of the Electoral Tribunal, citing numerous examples of fraudulent activity to bolster the tally in favour of Juan Orlando Hernández. They also denounced the failure to include votes from voting tables that favor Nasralla.
We, as citizens and organisations that have followed the Honduran political process closely for the past decade, are deeply concerned about the underming role TSE has most probably been playing, since it further increases insecurity and polarization within Honduran society and deepens the political crisis in the country.
Different sources report that as a response people have taken to the streets throughout the country in protest. They demand from the election authorities to respect the vote of the people. Security forces at the control of Juan Orlando Hernández have been repressing the crowds in the context of further militarization of the capital and other major cities in the country. Reportedly at least eight people have already died during these protests by the hand of state security forces. Many more have been injured. As a response to the protests, the Honduran government decreed a state of emergency on Friday December 1st and suspended all constitutional guarantees as part of a ten day curfew from 6PM to 6AM.

We urgently request from you to use your diplomatic relations to support the demands of the Honduran civil society and to urge the Honduran government, represented by the TSE, to recount the electoral records. This recount must include the five thousand records that have not been scrutinized under international supervision yet – a recommendation that was also made by the EOM-EU.

We ask you to demand that the Honduran governments stops the repression of the legitimate and peaceful protests of Honduran citizens and that it respects their human right to protest.
We request from you to urge the Honduran government to reinstate constitutional guarantees and withdraw the curfew.

We urge you to support the demand for an international investigation into the TSE. 
 
Finally, and in view of the imminent risk that the political and human rights conditions will worsen even more, we request from you to temporarily suspend all financial aid to the government of Honduras until the said electoral manipulations have been resolved and repressive actions against the citizenry have ceased.

Yours Sincerely

lunes, 20 de noviembre de 2017

Carta abierta a los respetables miembros del cuerpo diplomático internacional y organismos internacionales con presencia y/o enfoque en Honduras

Lunes, 20 de noviembre del 2017
Asunto: Preocupaciones por la expulsión de defensores y defensoras internacionales de derechos humanos por parte de las autoridades hondureñas.

Honorables Señores y Señoras,
Los y las cinco ciudadanos y ciudadanas firmantes de esta carta, nos dirigimos a ustedes, con la finalidad de informarles y expresarles la preocupación sobre nuestra situación, cuatro ciudadanos europeos, defensores de derechos humanos, y un ciudadano colombiano, periodista, que desde el 2016 somos objeto de un proceso administrativo de expulsión por parte del Estado de Honduras.

Las personas afectadas son:
Giulia FELLIN, de nacionalidad italiana y alemana, miembro de la Hondurasdelegation, un colectivo de personas y grupos que trabaja en la observación de derechos humanos desde el 2009; Luis DIAZ DE TERAN, de nacionalidad española, defensor y observador de derechos humanos; Marine PEZET, de nacionalidad francesa, excoordinadora de PROAH, Proyecto de Acompañamiento Internacional a defensores de derechos humanos en Honduras; Heike ENGEL, de nacionalidad alemana, defensora de derechos humanos y periodista independiente; y Víctor Hugo SOTO GALEANO, fotógrafo periodista, de nacionalidad colombiana.

Contexto:
Luego del asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres el 2 de marzo del 2016, incrementaron los ataques y las amenazas contra defensores nacionales e internacionales de derechos humanos, en particular contra defensores internacionales que acompañaban al COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), organización que lideraba Berta Cáceres. Un ejemplo de ello son los ataques y actos de intimidación a participantes y observadores internacionales durante el Encuentro Internacional “Berta Cáceres Vive” , el 15 de abril del 2016, en el cual se encontraban Giulia Fellin, Luis Díaz, Heike Engel y Marine Pezet.

El 9 de mayo del 2016, tuvo lugar una manifestación pacífica del COPINH, frente a Casa Presidencial, la cual fue violentamente reprimida. Los y las defensores internacionales Giulia Fellin, Luis Díaz y Heike Engel estuvieron presentes, observando y documentando los hechos.

El 10 de mayo del 2016, el señor Jorge Ramón Hernández Alcerro, Secretario Coordinador General del Gobierno hondureño, afirmó públicamente que se ordenó a la Dirección de Inteligencia del Estado y al Instituto de Migración para que “proceda a identificar a los extranjeros que participan en ese tipo de manifestaciones, incitando a la violencia, y que se aplique los procedimientos que la ley establece”, y que “abrirán una investigación a los extranjeros que participan en las protestas del COPINH y que incitan a la violencia”.

A partir del 10 de mayo del 2016, se produjeron diversos pronunciamientos e intimidaciones directas relacionadas con el trabajo realizado por Giulia Fellin, lanzando una campaña de desprestigio en su contra, por la cual se vio forzada a abandonar el país.

Las demás personas arriba mencionadas también salieron del país en las semanas siguientes, aunque no recibieron una notificación oficial escrita acerca de una alerta migratoria en su contra. Además, en junio del 2016, una representante de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia y Descentralización, expresó que en ningún momento se había emitido una resolución de expulsión.

Sin embargo, el 25 de octubre de 2016, el defensor de derechos humanos Luis Díaz, intentó ingresar de nuevo a Honduras. Fue abordado por agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes lo detuvieron y le aplicaron el procedimiento administrativo de expulsión. Fue expulsado sin que se le permitiera impugnar la decisión de expulsión de Honduras, y ningún documento le fue entregado.

Después de este incidente, los demás observadores europeos decidieron investigar, con el apoyo de abogados hondureños miembros de organizaciones de derechos humanos, si había una alerta migratoria en su contra y podría aplicarse un proceso similar en contra de ellos.

En febrero del 2017, un abogado hondureño logró tener acceso a un documento del Instituto Nacional de Migración, de fecha “030 [sic!] de mayo del 2016”, dirigido a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, en el que se pide proceder a la expulsión de las cinco personas arriba mencionadas.

Desde ese entonces, abogados y abogadas hondureñas, se han comunicado con el Instituto Nacional de Migración y la Secretaria de Derechos Humanos, y han hecho numerosas gestiones para lograr acceder al expediente de dichas expulsiones.

Aunque la expulsión en contra de los cinco ciudadanos fue confirmada por los funcionarios hondureños, se les notificó a los abogados y las abogadas que el expediente se extravió. A pesar de numerosas comunicaciones con diversas autoridades hondureñas, y su compromiso oral de encontrar el expediente, hasta la fecha, ni el expediente, ni la resolución de expulsión, nos han sido entregadas, tampoco a nuestros abogados y abogadas.

A un año y medio después de los hechos, nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas extranjeros, nos encontramos en la imposibilidad de volver a Honduras y de poder impugnar la resolución emitida en nuestra contra.

Solicitamos que miembros del cuerpo diplomático y organismos internacionales de derechos humanos expresen ante las autoridades de Honduras la importancia del rol del acompañamiento internacional en la defensa de los derechos humanos y que les insten a:
  • Brindar información sobre el proceso administrativo en materia migratoria que se aplicó a Luis DIAZ DE TERAN para su detención y expulsión, así como a los demás 4 ciudadanos y ciudadanas extranjeros, requiriendo información y el acceso al expediente al Instituto Nacional de Migración y la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización;
  • Revertir la decisión porque la orden de expulsión es injustificada y perjudicial para el trabajo de defensa de los derechos humanos en Honduras;
  • Realizar investigaciones prontas, oportunas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre todas las alegaciones relativas a actos de amenazas y ataques contra personas defensoras nacionales y extranjeras en Honduras;
  • Tomar medidas urgentes para implementar la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones, de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 09 de diciembre de 1998 y garantizar que todas las personas comprometidas con la tarea de promoción y protección de derechos fundamentales puedan desarrollar sus actividades con independencia y libertad.
  • La Asamblea General de la OEA, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han destacado la importancia de la labor de las defensoras y defensores en el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático. Por ello, los firmantes solicitamos al cuerpo diplomático y animamos a la comunidad internacional a acercarse activamente a los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras con el objetivo de ofrecerles apoyo y protección en el marco de las Directrices de la Unión Europea para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, y de otros instrumentos y mecanismos internacionales existentes para tal fin.
Atentamente:
Luis DIAZ DE TERAN
Heike ENGEL
Giulia FELLIN
Marine PEZET
Víctor Hugo SOTO GALEANO

jueves, 19 de octubre de 2017

Caminar por sí misma – en zapatillas o en tacones



Los derechos humanos y la libertad de acción de la comunidad LGBTI en Honduras

Después del golpe de estado de 2009 se multiplicaron las noticias sobre homicidios contra sindicalistxs, activistas ecologistas y defensorxs de los derechos humanos en Honduras. Entre las víctimas de la represión brutal también se encuentran muchxs activistas que defienden los intereses de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans e intersexuales. Sólo en el periodo de 2009 a 2014 fueron asesinadas casi 200 personas LGTBI. El artículo 3 de la Constitución de Honduras establece la igualdad de todas las personas ante la ley: en teoría todo el mundo tiene los mismos derechos, no se permite la discriminación basada en motivos de nacionalidad, origen, género o religión. Pero nada más lejos de la realidad hondureña: en la vida cotidiana de los miembros de la comunidad LGBTI y de sus familias son habituales la discriminación, la exclusión, la agresión, la estigmatización y la violencia. Hasta el 98 por ciento de los delitos de violencia quedan impunes y los delitos de odio todavía hoy no se sancionan como tales.

Anna-Lena Glesinski (Traducción: Julia Eggers) publicado en ila ed. 502
A menudo los propios agentes de policía, militares o fuerzas de seguridad están implicadxs en actos violentos contra la comunidad LGTBI, se cruzan de brazos o se burlan de las víctimas. ¿Cómo es posible denunciar tales actos cuando lxs investigadores mismxs a su vez son lxs autorxs? La así llamada “depuración de la policía” –para la cual hace dos años se creó la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional– se considera una farsa entre los miembros de la población civil.

Miss Arcoiris
De todas las personas afectadas, las más vulnerables son las mujeres trans, ya que en la sociedad todavía hoy es común considerar que sufren de una enfermedad mental. Muchas mujeres trans se ven obligadas a entrar en el trabajo sexual porque no encuentran otro empleo, una situación que incluso ha empeorado desde 2009. A esto hay que añadir que las Maras a menudo exigen a lxs trabajadorxs sexuales que vendan droga por la noche. Tarde o temprano la emigración se convierte en la última esperanza y en la única vía de escape de los peligros a los que están expuestxs en Honduras. La mayoría decide huir a Estados Unidos; con un poco de suerte consiguen pedir asilo ahí. Aquellos miembros de la comunidad que se comprometen con la defensa de los derechos humanos dentro de su colectivo están especialmente sometidos a riesgo. Sólo en el periodo entre junio de 2015 y octubre de 2016 murieron doce activistas por delitos de odio, incluyendo en muchos casos torturas graves.

Paola Barraza fue integrante del grupo de mujeres trans Muñecas de Arcoíris y miembro de la junta directiva de la Asociación LGTB Arcoíris durante ocho años. Durante los meses anteriores a su asesinato había sido víctima de ataques y amenazas de muerte en repetidas ocasiones. En una de ellas fue gravemente herida a las puertas de la organización al ser disparada varias veces. En otro ataque, sus agresores hicieron referencia directa al caso de Angie Ferreira, asesinada en junio de 2015. La muerte de Violeta Rivas, a su vez, muy probablemente está relacionada con su testimonio en el caso Ferreira. El asesinato de René Martínez –que pertenecía al partido de gobierno de derechas, el Partido Nacional de Honduras– pone en evidencia que los delitos de odio van explícitamente dirigidos a todo el colectivo y no a un espectro político en particular. Martínez fue presidente de la Comunidad Gay Sampedrana, una organización de la comunidad homosexual de San Pedro Sula, y fue hallado brutalmente asesinado el 3 de junio de 2016. Según los medios de comunicación había tenido la intención de implicarse más en el partido con el fin de consolidar los derechos de la comunidad LGTBI de derechas en el país.

En los últimos años, el movimiento para la diversidad sexual –y con ello, la comunidad LGTBI entera– ha ganado visibilidad en la sociedad hondureña: en momentos de máxima tensión y amenaza, la comunidad se une y se fortalece a sí misma. Las organizaciones de la sociedad civil sustentan esa tendencia: la Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, una de aproximadamente 15 organizaciones LGTBI, vela por los derechos de la comunidad desde 2003. Entre los objetivos de la asociación figuran tanto la organización y el empoderamiento de la comunidad LGTBI como el reconocimiento por parte de la sociedad, la defensa de los derechos humanos, la educación sexual, los derechos reproductivos y el acceso a la asistencia médica. Por otro lado, en las diversas tareas cubiertas por Arcoíris también entra la preparación de los cuerpos de personas asesinadas para devolverlas a sus familias.

Frente a la discriminación, las amenazas y las agresiones que se producen no sólo en el espacio público sino a menudo también en el círculo familiar más íntimo, la organización ofrece un lugar seguro y una sustitución de familia, un lugar donde intercambiar experiencias con otras personas LGTBI y juntarse con amigxs y miembros de la familia en seminarios, formaciones, acompañamiento psicosocial y actividades de ocio. La madre de un joven trans dice: “Estoy orgullosa de formar parte de Arcoíris. Aquí todos somos iguales. El acompañamiento de la asociación me ayudó a aceptar el género de mi hijo. Aquí puedo hablar abiertamente de todo. Aquí encontramos un segundo hogar, un lugar para ser libres.”

Una vez al año se otorga el título de Miss Arcoíris. A diferencia de otros concursos de belleza, aquí no sólo entran en la puntuación los estándares de la pasarela: también se valoran las declaraciones de lxs candidatxs sobre legislación y derechos LGTBI. La Miss Arcoíris en funciones también se pronuncia positivamente sobre la comunidad: “La casa es un hogar, un refugio donde puedo ser yo misma. Supe de la casa Arcoíris a través de una prima. En el momento en el que llegué me sentí normal, como todas las demás. Este es mi sitio. Aquí quiero estar.”
Donny Reyes, líder de la organización, es considerado el “padre” de la familia Arcoíris. Su dedicación incondicional y el calor humano que los miembros de la organización transmiten, proporcionan a las personas recién llegadas una nueva seguridad de sí mismas y las llevan paso a paso a una vida autodeterminada en su identidad real. Empowerment, empoderamiento, aquí significa aprender a caminar por sí misma, ya sea en zapatillas o en tacones.

Mientras tanto, el número de personas que participan en las marchas de protesta en la capital Tegucigalpa aumenta cada año. Lo que en 2008 fue un puñado de activistas LGTBI, durante el año pasado se ha convertido en un grupo considerable de más de 500 personas. Estos avances positivos y la eventual expansión del espacio para una vida libre y autodeterminada de la comunidad LGTBI permiten a los miembros de la Asociación LGTB Arcoíris hacer frente a las amenazas constantes y la criminalización de la organización, que desde hace unos años está bajo protección policial: una decisión difícil teniendo en cuenta la desconfianza hacia las autoridades que vive el colectivo.
Esdra Yaveth Sosa Sierra es coordinadora de la Asociación LGTB Arcoíris de Honduras. Su posición le expone a un riesgo mayor: en 2015 tuvo que huir del país durante un tiempo tras ser perseguida y observada continuamente por desconocidxs.

Gracias al trabajo constante por parte del movimiento por la diversidad sexual y la estrecha red de organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional se registran algunos éxitos importantes en la consolidación de la comunidad LGTBI, entre ellos las reformas de los artículos 321 y 321a del Código Penal. Este artículo tipifica la discriminación por odio o desprecio por motivos de género, religión, origen, nacionalidad, pertenencia a grupos indígenas o afrodescendientes, orientación sexual o identidad sexual como delito con agravantes. Para ese delito se prevé –además de una multa– una condena de prisión de entre cinco y siete años. La pena aumenta si se trata de un acto con violencia.

Sin embargo, las reformas del derecho penal previstas por el presidente actual, Juan Orlando López, frustrarán todos estos esfuerzos. El proceso de reforma se desarrolla a puertas cerradas, y los pocos proyectos que se presentan a la sociedad civil no son significativos; se trata de conferencias de prensa unilaterales por parte del congreso en las que el posicionamiento de las organizaciones no gubernamentales no tiene cabida. 

En respuesta a estas reformas previstas, en septiembre del año pasado la Articulación 611 (una alianza de diferentes organizaciones con el fin de formular críticas y propuestas referente al nuevo código penal) publicó un pronunciamiento y se reunió para demandar que se suspenda la aprobación del nuevo código penal por vulnerar los derechos humanos en Honduras. Según esta alianza, las reformas representarían una grave contradicción con el sistema jurídico del país y de la Constitución.
 
El gobierno actual del Partido Nacional simplemente ignora a la comunidad LGTBI. Muchas víctimas de la discriminación y de delitos de odio señalan la fuerte influencia de la iglesia en un estado supuestamente laico. La cuestión es cómo se pretende que cambie la situación cuando incluso la representante del secretariado de derechos humanos se pronuncia de una manera muy hostil sobre la comunidad LGTBI, negándose a tomar asiento al lado de esta gente “inculta y vulgar”.

La creciente militarización del país y las limitaciones cada vez mayores del margen de acción tanto para organizaciones de la sociedad civil como para lxs defensorxs de los derechos humanos hacen que aumente el número de personas que se ven obligadas a emigrar, en la mayoría de los casos hacia los EE. UU. o Europa. El 30 de junio de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución 32/2 que hace referencia a la protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Esto es un éxito internacional del movimiento para la diversidad sexual. Cabe esperar que bajo la presidencia de las Naciones Unidas de António Guterres y la observación crítica de la sociedad civil internacional se siga avanzando en esta dirección.
 
La Red Trans en Tegucigalpa (2014): En el centro (en camisa de cuadros), Paola Barraza, miembro de la junta directiva de Arcoíris y asesinada el 24 de enero de 2016; detrás de ella a su derecha Angie Ferreira; tercera a la derecha, Frenesys.Foto: Red Trans