jueves, 19 de octubre de 2017

Caminar por sí misma – en zapatillas o en tacones



Los derechos humanos y la libertad de acción de la comunidad LGBTI en Honduras

Después del golpe de estado de 2009 se multiplicaron las noticias sobre homicidios contra sindicalistxs, activistas ecologistas y defensorxs de los derechos humanos en Honduras. Entre las víctimas de la represión brutal también se encuentran muchxs activistas que defienden los intereses de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans e intersexuales. Sólo en el periodo de 2009 a 2014 fueron asesinadas casi 200 personas LGTBI. El artículo 3 de la Constitución de Honduras establece la igualdad de todas las personas ante la ley: en teoría todo el mundo tiene los mismos derechos, no se permite la discriminación basada en motivos de nacionalidad, origen, género o religión. Pero nada más lejos de la realidad hondureña: en la vida cotidiana de los miembros de la comunidad LGBTI y de sus familias son habituales la discriminación, la exclusión, la agresión, la estigmatización y la violencia. Hasta el 98 por ciento de los delitos de violencia quedan impunes y los delitos de odio todavía hoy no se sancionan como tales.

Anna-Lena Glesinski (Traducción: Julia Eggers) publicado en ila ed. 502
A menudo los propios agentes de policía, militares o fuerzas de seguridad están implicadxs en actos violentos contra la comunidad LGTBI, se cruzan de brazos o se burlan de las víctimas. ¿Cómo es posible denunciar tales actos cuando lxs investigadores mismxs a su vez son lxs autorxs? La así llamada “depuración de la policía” –para la cual hace dos años se creó la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional– se considera una farsa entre los miembros de la población civil.

Miss Arcoiris
De todas las personas afectadas, las más vulnerables son las mujeres trans, ya que en la sociedad todavía hoy es común considerar que sufren de una enfermedad mental. Muchas mujeres trans se ven obligadas a entrar en el trabajo sexual porque no encuentran otro empleo, una situación que incluso ha empeorado desde 2009. A esto hay que añadir que las Maras a menudo exigen a lxs trabajadorxs sexuales que vendan droga por la noche. Tarde o temprano la emigración se convierte en la última esperanza y en la única vía de escape de los peligros a los que están expuestxs en Honduras. La mayoría decide huir a Estados Unidos; con un poco de suerte consiguen pedir asilo ahí. Aquellos miembros de la comunidad que se comprometen con la defensa de los derechos humanos dentro de su colectivo están especialmente sometidos a riesgo. Sólo en el periodo entre junio de 2015 y octubre de 2016 murieron doce activistas por delitos de odio, incluyendo en muchos casos torturas graves.

Paola Barraza fue integrante del grupo de mujeres trans Muñecas de Arcoíris y miembro de la junta directiva de la Asociación LGTB Arcoíris durante ocho años. Durante los meses anteriores a su asesinato había sido víctima de ataques y amenazas de muerte en repetidas ocasiones. En una de ellas fue gravemente herida a las puertas de la organización al ser disparada varias veces. En otro ataque, sus agresores hicieron referencia directa al caso de Angie Ferreira, asesinada en junio de 2015. La muerte de Violeta Rivas, a su vez, muy probablemente está relacionada con su testimonio en el caso Ferreira. El asesinato de René Martínez –que pertenecía al partido de gobierno de derechas, el Partido Nacional de Honduras– pone en evidencia que los delitos de odio van explícitamente dirigidos a todo el colectivo y no a un espectro político en particular. Martínez fue presidente de la Comunidad Gay Sampedrana, una organización de la comunidad homosexual de San Pedro Sula, y fue hallado brutalmente asesinado el 3 de junio de 2016. Según los medios de comunicación había tenido la intención de implicarse más en el partido con el fin de consolidar los derechos de la comunidad LGTBI de derechas en el país.

En los últimos años, el movimiento para la diversidad sexual –y con ello, la comunidad LGTBI entera– ha ganado visibilidad en la sociedad hondureña: en momentos de máxima tensión y amenaza, la comunidad se une y se fortalece a sí misma. Las organizaciones de la sociedad civil sustentan esa tendencia: la Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, una de aproximadamente 15 organizaciones LGTBI, vela por los derechos de la comunidad desde 2003. Entre los objetivos de la asociación figuran tanto la organización y el empoderamiento de la comunidad LGTBI como el reconocimiento por parte de la sociedad, la defensa de los derechos humanos, la educación sexual, los derechos reproductivos y el acceso a la asistencia médica. Por otro lado, en las diversas tareas cubiertas por Arcoíris también entra la preparación de los cuerpos de personas asesinadas para devolverlas a sus familias.

Frente a la discriminación, las amenazas y las agresiones que se producen no sólo en el espacio público sino a menudo también en el círculo familiar más íntimo, la organización ofrece un lugar seguro y una sustitución de familia, un lugar donde intercambiar experiencias con otras personas LGTBI y juntarse con amigxs y miembros de la familia en seminarios, formaciones, acompañamiento psicosocial y actividades de ocio. La madre de un joven trans dice: “Estoy orgullosa de formar parte de Arcoíris. Aquí todos somos iguales. El acompañamiento de la asociación me ayudó a aceptar el género de mi hijo. Aquí puedo hablar abiertamente de todo. Aquí encontramos un segundo hogar, un lugar para ser libres.”

Una vez al año se otorga el título de Miss Arcoíris. A diferencia de otros concursos de belleza, aquí no sólo entran en la puntuación los estándares de la pasarela: también se valoran las declaraciones de lxs candidatxs sobre legislación y derechos LGTBI. La Miss Arcoíris en funciones también se pronuncia positivamente sobre la comunidad: “La casa es un hogar, un refugio donde puedo ser yo misma. Supe de la casa Arcoíris a través de una prima. En el momento en el que llegué me sentí normal, como todas las demás. Este es mi sitio. Aquí quiero estar.”
Donny Reyes, líder de la organización, es considerado el “padre” de la familia Arcoíris. Su dedicación incondicional y el calor humano que los miembros de la organización transmiten, proporcionan a las personas recién llegadas una nueva seguridad de sí mismas y las llevan paso a paso a una vida autodeterminada en su identidad real. Empowerment, empoderamiento, aquí significa aprender a caminar por sí misma, ya sea en zapatillas o en tacones.

Mientras tanto, el número de personas que participan en las marchas de protesta en la capital Tegucigalpa aumenta cada año. Lo que en 2008 fue un puñado de activistas LGTBI, durante el año pasado se ha convertido en un grupo considerable de más de 500 personas. Estos avances positivos y la eventual expansión del espacio para una vida libre y autodeterminada de la comunidad LGTBI permiten a los miembros de la Asociación LGTB Arcoíris hacer frente a las amenazas constantes y la criminalización de la organización, que desde hace unos años está bajo protección policial: una decisión difícil teniendo en cuenta la desconfianza hacia las autoridades que vive el colectivo.
Esdra Yaveth Sosa Sierra es coordinadora de la Asociación LGTB Arcoíris de Honduras. Su posición le expone a un riesgo mayor: en 2015 tuvo que huir del país durante un tiempo tras ser perseguida y observada continuamente por desconocidxs.

Gracias al trabajo constante por parte del movimiento por la diversidad sexual y la estrecha red de organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional se registran algunos éxitos importantes en la consolidación de la comunidad LGTBI, entre ellos las reformas de los artículos 321 y 321a del Código Penal. Este artículo tipifica la discriminación por odio o desprecio por motivos de género, religión, origen, nacionalidad, pertenencia a grupos indígenas o afrodescendientes, orientación sexual o identidad sexual como delito con agravantes. Para ese delito se prevé –además de una multa– una condena de prisión de entre cinco y siete años. La pena aumenta si se trata de un acto con violencia.

Sin embargo, las reformas del derecho penal previstas por el presidente actual, Juan Orlando López, frustrarán todos estos esfuerzos. El proceso de reforma se desarrolla a puertas cerradas, y los pocos proyectos que se presentan a la sociedad civil no son significativos; se trata de conferencias de prensa unilaterales por parte del congreso en las que el posicionamiento de las organizaciones no gubernamentales no tiene cabida. 

En respuesta a estas reformas previstas, en septiembre del año pasado la Articulación 611 (una alianza de diferentes organizaciones con el fin de formular críticas y propuestas referente al nuevo código penal) publicó un pronunciamiento y se reunió para demandar que se suspenda la aprobación del nuevo código penal por vulnerar los derechos humanos en Honduras. Según esta alianza, las reformas representarían una grave contradicción con el sistema jurídico del país y de la Constitución.
 
El gobierno actual del Partido Nacional simplemente ignora a la comunidad LGTBI. Muchas víctimas de la discriminación y de delitos de odio señalan la fuerte influencia de la iglesia en un estado supuestamente laico. La cuestión es cómo se pretende que cambie la situación cuando incluso la representante del secretariado de derechos humanos se pronuncia de una manera muy hostil sobre la comunidad LGTBI, negándose a tomar asiento al lado de esta gente “inculta y vulgar”.

La creciente militarización del país y las limitaciones cada vez mayores del margen de acción tanto para organizaciones de la sociedad civil como para lxs defensorxs de los derechos humanos hacen que aumente el número de personas que se ven obligadas a emigrar, en la mayoría de los casos hacia los EE. UU. o Europa. El 30 de junio de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución 32/2 que hace referencia a la protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Esto es un éxito internacional del movimiento para la diversidad sexual. Cabe esperar que bajo la presidencia de las Naciones Unidas de António Guterres y la observación crítica de la sociedad civil internacional se siga avanzando en esta dirección.
 
La Red Trans en Tegucigalpa (2014): En el centro (en camisa de cuadros), Paola Barraza, miembro de la junta directiva de Arcoíris y asesinada el 24 de enero de 2016; detrás de ella a su derecha Angie Ferreira; tercera a la derecha, Frenesys.Foto: Red Trans



martes, 12 de septiembre de 2017

UN REFORMISTA LIBERAL Y UN GENERAL ‘PROGRESISTA’ - Aspectos poco conocidos de la historia hondureña


Alison Acker es una “abuela enfurecida” de la ciudad canadiense de Victoria. Cuando era más joven, en 1988, publicó un librito con el título Honduras – The making of a Banana Republic. Aunque hayan pasado ya casi 30 años, todavía hoy el libro sigue siendo una buena lectura, ya que nos lleva de los tiempos de Colón al comienzo de la era moderna de los gobiernos civiles, en 1982. Entre ese sinfín de sucesiones entre presidentes del Partido Nacional de Honduras (PNH) y del Partido Liberal (PLH), en los años 1970 gobernaron un reformista liberal y un general ‘progresista’. Ellos dos serán el enfoque principal de este artículo, aliñándolo con algunos pasajes de los antecedentes históricos y del período posterior.

escrito por EDUARD FRITSCH, publicado en  ILA 402, traducción: JULIA EGGERS

La historia de Honduras podría haber sido un modesto relato de éxito en Centroamérica. Estaba bien ubicado para el comercio. Tenía recursos y, comparado con los países vecinos, era hasta cierto grado democrático y tranquilo. Por el contrario, acabó convirtiéndose en una nación de mendigos, un pozo sin fondo para la ayuda extranjera, un país en venta.» Con esas palabras comienza la historia de Alison Acker.[1]  El autor dramático Eugene O’Neill viajó a Honduras en 1910 en busca de oro. Le dio malaria. Según un biógrafo, tras su vuelta a Estados Unidos dijo:

«Después de haber recorrido el país entero, estoy convencido de que Dios, una vez creó Honduras, se hizo una idea de lo que es el infierno.» En aquel entonces Minor Cooper Keith ya había descubierto los bananos. «Concentró su capital y sus mercados y, con la ayuda de créditos adicionales de la Banca Morgan, fundó la United Fruit Company (UFCO), que en 1970 se transformó en la United Brands Company y en 1984 en Chiquita Brands International. Ya en 1903, la UFCO había elegido su primer presidente hondureño, Manuel Bonilla del PNH. Éste suprimió un impuesto bananero que su predecesor liberal había introducido. Ramón Amaya Amador, un ex trabajador de las plantaciones de la United Fruit, (1950) describe en su novela Prisión Verde cómo las compañías de fruta se hicieron con las tierras para sus plantaciones: «Mira, dijo el abogado, si vendes tus tierras a la compañía, no sólo tendrás un beneficio personal, sino que también servirás a nuestra patria.» Aparte de Minor Keith vinieron otros empresarios del Norte dotados del espíritu de Rockefeller, dos de ellos “de origen inmigrante”: los hermanos Vacarro tenían antepasados sicilianos e igual que Keith operaron en toda Centroamérica. Se hicieron famosos con la compañía Standard Fruit Company. Castle & Cooke entraron en el negocio y crearon la marca DOLE, que en 1973 se hizo líder en el mercado estadounidense y entró en el mercado europeo en 1978. Samuel Zemurray, inmigrante judío-ruso, en su adolescencia fundó su primer negocio bananero en Nueva Orleans, lugar donde la Standard Fruit desembarcaba bananos de Centroamérica. En 1911 compró una concesión ferroviaria en Honduras, cerca del puerto de Tela. Concesiones y puertos eran imprescindibles para los comerciantes de bananos, y junto a las concesiones de los presidentes liberales o nacionales, los Keith, Vacarro o Zemurray consiguieron las tierras correspondientes.

Sam “The Banana Man” Zemurray supo mejor que nadie cómo transformar Honduras en una república bananera. «Sam Zemurray era un empresario del ‘nuevo estilo’. Aplicando un sistema de riego, su Cuyamel Company producía bananos más grandes y mejores. Aun así, le hacían falta sus propias concesiones y las consiguió con su descaro habitual, tramando un golpe de estado contra el presidente liberal Miguel Dávila.» Zemurray sobornó al ex presidente Bonilla y le abasteció con un viejo barco de guerra y un ejército de mercenarios para que derrocara a Dávila. Justo antes del crac bursátil de 1929 vendió el pequeño imperio creado en 1911 con sólo 5 millones de dólares por 29 millones a la UFCO. En 1933 volvió: apareció en el consejo administrativo de la UFCO, habiéndose transformado en su accionista principal tras la venta, y salió de la reunión como el nuevo presidente de la compañía que se haría omnipresente en toda Mesoamérica. En Honduras, figuraba en su nómina Tiburcio Carías Andino, dictador durante largos años (de 1932 a 1948). Éste empezó su trayectoria como cocinero en una guerrilla de liberales, luego se convirtió en nacionalista y organizó milicias. Su lema era “vencer, aniquilar y requisar”. Zemurray apoyó a la Nicaragua de Somoza en su conflicto fronterizo con Honduras. Cuando en Guatemala el gobierno de Jacobo Árbenz inició una reforma agraria, la CIA mandó mercenarios a Guatemala a través de las plantaciones de la UFCO en Honduras para derrocar al presidente.

Hasta ahora hemos conocido a tres de los innumerables presidentes hondureños. Entre la independencia de Honduras como república en 1824 y el inicio de la dictadura de Carías en 1933, el país tuvo 177 presidentes, entre ellos Francisco Morazán, el idealista de la Confederación de Centroamérica. Ambos partidos que hoy todavía tienen la hegemonía sobre Honduras (los conservadores azules –el Partido Nacional– y los liberales rojos) tienen un largo historial de nepotismo. Ambos se dividieron una y otra vez y mantienen una firme postura anticomunista, por lo cual les fue fácil derrocar a un presidente que mostraba ideas demasiado progresistas, como era el caso del barón de ganado Mel Zelaya. El PNH tradicionalmente representa a los terratenientes y a los campesinos –una mezcla de jornaleros y agricultores de subsistencia–. No quiere saber nada de protestantes ni demócratas. Los liberales hacen propaganda contra la iglesia católica y representan el liberalismo económico. Cuando la figura de Carías se hizo demasiado incómoda para la política de la “Buena Vecindad” de Estados Unidos, éstos procedieron a su eliminación a través de los militares. Empezó la era de las dictaduras militares, en la que las Fuerzas Armadas se transformaron en un agente político independiente.

«Irónicamente, un dictador militar a veces resultó ser más progresista que un presidente civil, y un presidente poco prometedor acabó mostrándose como el más capacitado de todos. Asimismo, el presidente Manuel Gálvez –en su tiempo elegido por el mismísimo Carías– en 1949 liberó a presos políticos, permitió que regresaran los exiliados, acabó con la represión abierta contra el movimiento sindical e inició medidas infraestructurales para modernizar la economía.» En el último año del mandato de Gálvez, durante la época de las intervenciones de EE.UU. contra Árbenz en Guatemala, estalló la gran huelga bananera. Todo empezó cuando la UFCO se negó a pagar las horas extras del Domingo de Pascua. La huelga pronto se extendió por los puertos de Puerto Cortés y Tela y por las plantaciones en el interior del país. El 5 de mayo de 1954, tanto l@s trabajador@s de la UFCO como los de la Standard Fruit habían entrado en huelga y el 13 de mayo se unieron l@s trabajador@s de la empresa minera Rosario Mining, de la Cervecería Hondureña y de British American Tobacco. Incluyendo a l@s simpatizantes, se calcula que se movilizaron 50 000 personas. Pero ya el 19 de mayo, al ser detenidos cuatro miembros del Comité Central, l@s trabajador@s de Standard Fruit suspendieron la huelga. El 6 de junio, un comité amarillo pactó el final de la huelga con United.

En cuanto a la política de partidos, en 1957 la presidencia le tocó al Partido Liberal con la elección de Ramón Villeda Morales. Estudió Medicina en la Universidad Nacional, donde fundó un periódico y una federación de estudiantes. Con la ayuda de una beca emprendió estudios de especialización en la Universidad de Humboldt de Berlín. Unos años más tarde su consultorio en Tegucigalpa se hizo conocido en toda la ciudad, con lo cual fue inevitable que se convirtiera en presidente del Colegio Médico Hondureño. Comenzó su carrera política con el Partido Liberal en 1948, transformándolo en uno de los partidos más progresistas de Mesoamérica. Fundó el diario El Pueblo y le dio a su partido un programa básico. Sus discursos terminaron con las palabras: “¡Siempre adelante, ni un paso atrás!”. Cuando fue nombrado candidato del PLH, según el diario La Tribuna, en agosto de 1957 en San Pedro Sula –la segunda ciudad del país– le aclamaron 100 000 personas, y lo mismo pasó cuando entró en sus funciones en diciembre. Durante el gobierno de Villeda se creó en 1961 el Instituto Nacional Agrario (INA) para sacar adelante una reforma agraria. El año siguiente se lanzó la Ley de Reforma Agraria con el objetivo de transformar fundamentalmente la estructura agraria a favor de las pequeñas explotaciones campesinas.

Al final las ganadoras siempre fueron las compañías bananeras.

 «Después de la Revolución Cubana el gobierno de Kennedy exigía reformas –sobre todo una reforma agraria– para evitar futuras revoluciones. Villeda Morales estableció su propio concepto de reforma que combinaba muy bien con la Alianza de Kennedy, ya que el derecho a la propiedad se respetaría y el comunismo se combatiría. Pero las compañías bananeras y los grandes terratenientes no estaban dispuestos a aceptar una reforma prudente. Se dice que el objetivo de una reunión secreta de oficiales superiores, administradores de la UFCO y el embajador de los EE.UU. fue evitar que Villeda Morales tomara el mismo rumbo que Árbenz en Guatemala. El presidente apaciguó a las compañías con concesiones de tierra, cuando al mismo tiempo les concedió tierras a los campesinos. Éstos se consideraron en pleno derecho de ocupar tierras porque a muchos de ellos las multinacionales bananeras les habían expulsado de sus tierras o les habían echado del trabajo.» Un año después del inicio de la reforma agraria, el coronel Oswaldo López Arellano, el 3 de octubre de 1963, derrocó al presidente reelegido Ramón Villeda Morales.

El coronel López Arellano era oficial de carrera. Después del golpe de estado contra Villeda gobernó de facto, hasta que en 1965 se hizo declarar presidente constitucional a través de elecciones fraudulentas para luego seguir gobernando durante seis años, hasta junio de 1971. «Su gobierno militar populista llevó a cabo reformas sin entrar en enfrentamiento abierto contra la derecha. Ante el creciente movimiento de campesinos, López lanzó sus reformas agrarias, permitiendo al mismo tiempo a los grandes terratenientes que repartieran sus bienes entre los miembros de la familia para evitar la expropiación. En 1966, los terratenientes formaron la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), que empezó a hacer mala sangre contra los inmigrantes salvadoreños» hasta que estalló la guerra de las 100 horas de 1969: «Al INA le pareció más fácil echar a los inmigrantes salvadoreños que expropiar las tierras sin cultivar de los terratenientes. En abril de 1969, el gobierno impuso un ultimátum de 30 días a los salvadoreños y 11 000 de ellos marcharon del país.»

En julio, las selecciones nacionales entre Honduras y El Salvador para las eliminatorias de la Copa Mundial por fin dieron al coronel Fidel Sánchez Hernández en El Salvador el insignificante motivo de iniciar la guerra contra el país vecino. Las consecuencias fueron desastrosas: entre 4000 y 6000 víctimas civiles, entre 60 000 y 130 000 salvadoreñ@s expulsad@s de Honduras, el colapso del Mercado Común Centroamericano y la consolidación del rol político de las Fuerzas Armadas en ambos países. En Honduras, «López Arellano no logró tranquilizar al núcleo duro entre los militares. En un caso de corrupción que pasaría a la historia de la república bananera con el nombre de “Bananagate” se le acusó de aceptar sobornos por parte de la United Brands y tuvo que dimitir. Una vez más las ganadoras fueron las compañías bananeras, ya que en 1975 el nuevo presidente –el general Juan Alberto Melgar Castro del Partido Nacional– frenó el proceso de crear un impuesto de un dólar estadounidense por caja de banano de 23kg para la exportación.» En el mismo año, el nombre de General Melgar Castro aparece en otro contexto.  «Los campesinos últimamente se mostraron muy disciplinados en su lucha por las tierras.  Antes de ocuparlas averiguaron la situación legal de la tierra en cuestión y se la comunicaron al INA.» Los terratenientes no tuvieron tanta paciencia: en un ataque por parte de la FENAGH, 14 activistas de la Unión Nacional de Campesinos (UNC) –entre l@s cuales se encontraron dos curas y dos testigos del crimen– fueron asesinad@s. Los cadáveres aparecieron enterrados en la hacienda del rico comerciante de madera José Manuel Zelaya, Los Horcones, en el departamento oriental de Olanche. Su hijo mayor, José Manuel “Mel” Zelaya Rosales tenía 23 años en el momento de la masacre. Medio año más tarde se casó con Xiomara Castro, la hija del presidente. Los oficiales de las Fuerzas Armadas que estuvieron involucrados en la masacre fueron condenados a diez años de prisión, pero Zelaya senior fue indultado a los cuatro años por parte de Melgar Castro, quien por otro lado momentáneamente aceleró el proceso de distribución de tierras, expropiando casi 25 000 hectáreas de tierra de los grandes terratenientes y más de 11 000 hectáreas de la UFCO. Sin embargo, tras esa iniciativa la reforma agraria siguió avanzando a paso de tortuga.

A causa de las guerras en El Salvador y Guatemala y del gobierno sandinista en Nicaragua, el gobierno de Reagan decidió que había llegado el momento de reconstruir el Estado de Honduras. Inició ese proyecto planteando la existencia de elecciones formales como único requisito de la democracia.
 
Hasta el día de hoy se desembarcan bananos en Honduras: Dole y el puerto en Bahía de Trujillo
En enero de 1982 el liberal Roberto Suazo Córdova se convirtió en presidente del país. Desde luego resultó una buena elección para los EE.UU.: en todo su periodo de mandato se repartieron tan sólo unas 16 000 hectáreas a los sin tierra, cuando el coronel López Arellano había alcanzado una cantidad de 700 000 hectáreas. Desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas hondureñas, el Estado Mayor también tomó una buena decisión cuando le nombró jefe al coronel Gustavo Álvarez Martínez en 1982: «En 1977, la Standard Fruit llamó al IV batallón de infantería de La Ceiba para que asaltara las oficinas de la Empresa Asociativa Campesina de Isletas, que se había fundado por 900 compañeras y compañeros en tierras anteriormente expropiadas por esa compañía.» Cuando la empresa ya no quiso vender a través de la Standard, la compañía organizó una asamblea general extraordinaria para votar una nueva dirección y mandó a una unidad militar bajo el comando del coronel Álvarez, que figuraba en la nómina de la Standard. Éste mandó a la prisión a la dirección entera por dos años.

La nueva dirección firmó un contrato de exportación a largo plazo con la Standard, aceptando precios muy por debajo de los recomendados por la Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB). En 1981, la empresa estaba arruinada y el INA se hizo con las tierras. En 1979, Álvarez se había hecho jefe de Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) –dependiente del Ministerio de Defensa– y en 1980 se convirtió en jefe de la policía secreta (DNI). Comenzó un periodo de asesinatos, desapariciones y tortura. «Álvarez estaba convencido de llevar a cabo una guerra sagrada. En una ocasión dijo: “Solo existen dos tipos de políticos: los comunistas y los otros. Todo lo que se haga para destruir el régimen marxista es legítimo.”» La amistad de Álvarez con el candidato de los liberales, Suazo Córdova, resultó beneficiosa para ambos lados. Suazo ascendió a Álvarez a Jefe de Estado Mayor del Ejército y a General de Brigada y, una vez ganadas las elecciones, le nombró Ministro de Defensa. Dos meses antes de que el militar entrara en sus nuevas funciones, llegó el hombre que tan profundamente marcaría el destino de Honduras: el embajador estadounidense John Dimitri Negroponte. Durante los dos años siguientes, Negroponte y Álvarez tomaron el control de la economía del país, que de repente recibió ayudas militares de más de 30 millones dólares estadounidenses. Aumentó masivamente el número de maniobras militares en Honduras y la Guardia Nacional estadounidense rediseñó el mapa del país construyendo carreteras y pistas aéreas para la intervención de EE.UU.

En mayo de 1983, las tropas estadounidenses llegaron en Puerto Castillo e instalaron el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) para sus camaradas salvadoreños. La gota que colmó el vaso fue cuando Álvarez redujo el mando superior de las Fuerzas Armadas de 45 a 21 miembros; también influyó la ‘insignificante’ suma de un millón de dólares estadounidenses para compras de armas que faltó en las arcas. Negroponte fue el primero en enterarse de los planes de un golpe de estado y no tuvo objeciones. El 31 de marzo de 1984, Álvarez fue detenido en San Pedro, donde le esperaba un jet para llevárselo a Costa Rica.» Sin embargo, antes de su deportación Álvarez aun tuvo el tiempo suficiente para detener a destacados activistas de los movimientos sindicales, campesinos y de derechos humanos y estableció el escuadrón militar de la muerte Batallón 3-16, que se haría cargo de los ‘subversivos’.

En 1978, Walter López Reyes, general de la Fuerza Aérea que substituyó a Álvarez, dijo al canal de noticias CBS desde el retiro: «Para nosotros era peligroso investigar el asunto porque el que descubriera quien mataba a toda esa gente corría peligro de ser asesinado también.» La Asociación para el Progreso de Honduras (APROH) –una logia de empresarios explícitamente de derechas encabezada por Álvarez– propuso, de cara a la galopante crisis económica a la que se enfrentaba Honduras, convertir el país en un segundo Taiwán o Hong-Kong.

Hacia el final de su historia, Acker llega a la conclusión de que «el estado de guerra inquietó a los inversores. Temían que Honduras no se convirtiera en un segundo Hong-Kong sino en un nuevo Vietnam.» Y añade: «En mayo de 1987, unos 100 000 campesinos y campesinas ocuparon alrededor de 15 000 hectáreas de tierra en el noroeste de Honduras, tratándose de una de las mayores olas de ocupaciones de tierras de la historia del país. El INA se vio obligado a procesar las demandas de tierra, pero la policía de seguridad de la FUSEP, respaldada por la ley antiterrorista impulsada por general Álvarez, detuvo a 450 de los ocupantes. Por lo menos tres campesinos murieron en los enfrentamientos con la policía y los matones de la FENAGH.» El ex general Gustavo Álvarez Martínez en ese entonces se dedicaba a predicar para una secta en Miami. En 1988 volvió a Honduras, donde en enero de 1989 fue asesinado por un comando del Movimiento Popular de Liberación Cinchoneros, una guerrilla facción del Partido Comunista de Honduras.

Bajo los auspicios de Washington las Fuerzas Armadas de Honduras se fueron transformando cada vez más en un Estado dentro del Estado que concede la última palabra al presidente civil o, según el caso, al presidente del Parlamento –como pasó en el caso del derrocamiento de Mel Zelaya–. De ahí que es poco probable que de sus filas salga otro López Arellano. Sin embargo, las iniciativas reformistas del estilo de Villeda Morales se repitieron en dos ocasiones de la historia más reciente: una vez por parte de un jurista miembro de la Corte Internacional en La Haya que simpatizaba con el movimiento estudiantil, Carlos Roberto Reina Idiáquez (presidente liberal de 1994 a 1998); y la otra vez por parte del barón de ganado José Manuel “Mel” Zelaya Rosales que, tras el aprisionamiento de su padre por la masacre de Los Horcones en 1976, tuvo que dejar su carrera de ingeniería para hacerse cargo de la hacienda familiar. Hijo Mel, como bien sabemos, en 1996 se convirtió en presidente de la República. A finales de 2017 se celebrarán las elecciones presenciales, parlamentarias y municipales. Tanto el presidente actual Juan Orlando Hernández como Mel aspiran a un segundo período de mandato. Ante semejante fetichismo de mandatos, a fines de 2016 una tal Gaby advirtió vía Facebook: «Fuerzas Armadas el pueblo confía en Ustedes que esperan para sacar al presidente que está violando la Constitución de la República... hagan lo mismo que hicieron con el señor Manuel Zelaya.» Empezamos bien.



[1] Todas la citas a partir de aquí son de su libro. Alison Acker, Honduras: The making of a Banana Republic, Toronto, 1988.