martes, 12 de septiembre de 2017

UN REFORMISTA LIBERAL Y UN GENERAL ‘PROGRESISTA’ - Aspectos poco conocidos de la historia hondureña


Alison Acker es una “abuela enfurecida” de la ciudad canadiense de Victoria. Cuando era más joven, en 1988, publicó un librito con el título Honduras – The making of a Banana Republic. Aunque hayan pasado ya casi 30 años, todavía hoy el libro sigue siendo una buena lectura, ya que nos lleva de los tiempos de Colón al comienzo de la era moderna de los gobiernos civiles, en 1982. Entre ese sinfín de sucesiones entre presidentes del Partido Nacional de Honduras (PNH) y del Partido Liberal (PLH), en los años 1970 gobernaron un reformista liberal y un general ‘progresista’. Ellos dos serán el enfoque principal de este artículo, aliñándolo con algunos pasajes de los antecedentes históricos y del período posterior.

escrito por EDUARD FRITSCH, publicado en  ILA 402, traducción: JULIA EGGERS

La historia de Honduras podría haber sido un modesto relato de éxito en Centroamérica. Estaba bien ubicado para el comercio. Tenía recursos y, comparado con los países vecinos, era hasta cierto grado democrático y tranquilo. Por el contrario, acabó convirtiéndose en una nación de mendigos, un pozo sin fondo para la ayuda extranjera, un país en venta.» Con esas palabras comienza la historia de Alison Acker.[1]  El autor dramático Eugene O’Neill viajó a Honduras en 1910 en busca de oro. Le dio malaria. Según un biógrafo, tras su vuelta a Estados Unidos dijo:

«Después de haber recorrido el país entero, estoy convencido de que Dios, una vez creó Honduras, se hizo una idea de lo que es el infierno.» En aquel entonces Minor Cooper Keith ya había descubierto los bananos. «Concentró su capital y sus mercados y, con la ayuda de créditos adicionales de la Banca Morgan, fundó la United Fruit Company (UFCO), que en 1970 se transformó en la United Brands Company y en 1984 en Chiquita Brands International. Ya en 1903, la UFCO había elegido su primer presidente hondureño, Manuel Bonilla del PNH. Éste suprimió un impuesto bananero que su predecesor liberal había introducido. Ramón Amaya Amador, un ex trabajador de las plantaciones de la United Fruit, (1950) describe en su novela Prisión Verde cómo las compañías de fruta se hicieron con las tierras para sus plantaciones: «Mira, dijo el abogado, si vendes tus tierras a la compañía, no sólo tendrás un beneficio personal, sino que también servirás a nuestra patria.» Aparte de Minor Keith vinieron otros empresarios del Norte dotados del espíritu de Rockefeller, dos de ellos “de origen inmigrante”: los hermanos Vacarro tenían antepasados sicilianos e igual que Keith operaron en toda Centroamérica. Se hicieron famosos con la compañía Standard Fruit Company. Castle & Cooke entraron en el negocio y crearon la marca DOLE, que en 1973 se hizo líder en el mercado estadounidense y entró en el mercado europeo en 1978. Samuel Zemurray, inmigrante judío-ruso, en su adolescencia fundó su primer negocio bananero en Nueva Orleans, lugar donde la Standard Fruit desembarcaba bananos de Centroamérica. En 1911 compró una concesión ferroviaria en Honduras, cerca del puerto de Tela. Concesiones y puertos eran imprescindibles para los comerciantes de bananos, y junto a las concesiones de los presidentes liberales o nacionales, los Keith, Vacarro o Zemurray consiguieron las tierras correspondientes.

Sam “The Banana Man” Zemurray supo mejor que nadie cómo transformar Honduras en una república bananera. «Sam Zemurray era un empresario del ‘nuevo estilo’. Aplicando un sistema de riego, su Cuyamel Company producía bananos más grandes y mejores. Aun así, le hacían falta sus propias concesiones y las consiguió con su descaro habitual, tramando un golpe de estado contra el presidente liberal Miguel Dávila.» Zemurray sobornó al ex presidente Bonilla y le abasteció con un viejo barco de guerra y un ejército de mercenarios para que derrocara a Dávila. Justo antes del crac bursátil de 1929 vendió el pequeño imperio creado en 1911 con sólo 5 millones de dólares por 29 millones a la UFCO. En 1933 volvió: apareció en el consejo administrativo de la UFCO, habiéndose transformado en su accionista principal tras la venta, y salió de la reunión como el nuevo presidente de la compañía que se haría omnipresente en toda Mesoamérica. En Honduras, figuraba en su nómina Tiburcio Carías Andino, dictador durante largos años (de 1932 a 1948). Éste empezó su trayectoria como cocinero en una guerrilla de liberales, luego se convirtió en nacionalista y organizó milicias. Su lema era “vencer, aniquilar y requisar”. Zemurray apoyó a la Nicaragua de Somoza en su conflicto fronterizo con Honduras. Cuando en Guatemala el gobierno de Jacobo Árbenz inició una reforma agraria, la CIA mandó mercenarios a Guatemala a través de las plantaciones de la UFCO en Honduras para derrocar al presidente.

Hasta ahora hemos conocido a tres de los innumerables presidentes hondureños. Entre la independencia de Honduras como república en 1824 y el inicio de la dictadura de Carías en 1933, el país tuvo 177 presidentes, entre ellos Francisco Morazán, el idealista de la Confederación de Centroamérica. Ambos partidos que hoy todavía tienen la hegemonía sobre Honduras (los conservadores azules –el Partido Nacional– y los liberales rojos) tienen un largo historial de nepotismo. Ambos se dividieron una y otra vez y mantienen una firme postura anticomunista, por lo cual les fue fácil derrocar a un presidente que mostraba ideas demasiado progresistas, como era el caso del barón de ganado Mel Zelaya. El PNH tradicionalmente representa a los terratenientes y a los campesinos –una mezcla de jornaleros y agricultores de subsistencia–. No quiere saber nada de protestantes ni demócratas. Los liberales hacen propaganda contra la iglesia católica y representan el liberalismo económico. Cuando la figura de Carías se hizo demasiado incómoda para la política de la “Buena Vecindad” de Estados Unidos, éstos procedieron a su eliminación a través de los militares. Empezó la era de las dictaduras militares, en la que las Fuerzas Armadas se transformaron en un agente político independiente.

«Irónicamente, un dictador militar a veces resultó ser más progresista que un presidente civil, y un presidente poco prometedor acabó mostrándose como el más capacitado de todos. Asimismo, el presidente Manuel Gálvez –en su tiempo elegido por el mismísimo Carías– en 1949 liberó a presos políticos, permitió que regresaran los exiliados, acabó con la represión abierta contra el movimiento sindical e inició medidas infraestructurales para modernizar la economía.» En el último año del mandato de Gálvez, durante la época de las intervenciones de EE.UU. contra Árbenz en Guatemala, estalló la gran huelga bananera. Todo empezó cuando la UFCO se negó a pagar las horas extras del Domingo de Pascua. La huelga pronto se extendió por los puertos de Puerto Cortés y Tela y por las plantaciones en el interior del país. El 5 de mayo de 1954, tanto l@s trabajador@s de la UFCO como los de la Standard Fruit habían entrado en huelga y el 13 de mayo se unieron l@s trabajador@s de la empresa minera Rosario Mining, de la Cervecería Hondureña y de British American Tobacco. Incluyendo a l@s simpatizantes, se calcula que se movilizaron 50 000 personas. Pero ya el 19 de mayo, al ser detenidos cuatro miembros del Comité Central, l@s trabajador@s de Standard Fruit suspendieron la huelga. El 6 de junio, un comité amarillo pactó el final de la huelga con United.

En cuanto a la política de partidos, en 1957 la presidencia le tocó al Partido Liberal con la elección de Ramón Villeda Morales. Estudió Medicina en la Universidad Nacional, donde fundó un periódico y una federación de estudiantes. Con la ayuda de una beca emprendió estudios de especialización en la Universidad de Humboldt de Berlín. Unos años más tarde su consultorio en Tegucigalpa se hizo conocido en toda la ciudad, con lo cual fue inevitable que se convirtiera en presidente del Colegio Médico Hondureño. Comenzó su carrera política con el Partido Liberal en 1948, transformándolo en uno de los partidos más progresistas de Mesoamérica. Fundó el diario El Pueblo y le dio a su partido un programa básico. Sus discursos terminaron con las palabras: “¡Siempre adelante, ni un paso atrás!”. Cuando fue nombrado candidato del PLH, según el diario La Tribuna, en agosto de 1957 en San Pedro Sula –la segunda ciudad del país– le aclamaron 100 000 personas, y lo mismo pasó cuando entró en sus funciones en diciembre. Durante el gobierno de Villeda se creó en 1961 el Instituto Nacional Agrario (INA) para sacar adelante una reforma agraria. El año siguiente se lanzó la Ley de Reforma Agraria con el objetivo de transformar fundamentalmente la estructura agraria a favor de las pequeñas explotaciones campesinas.

Al final las ganadoras siempre fueron las compañías bananeras.

 «Después de la Revolución Cubana el gobierno de Kennedy exigía reformas –sobre todo una reforma agraria– para evitar futuras revoluciones. Villeda Morales estableció su propio concepto de reforma que combinaba muy bien con la Alianza de Kennedy, ya que el derecho a la propiedad se respetaría y el comunismo se combatiría. Pero las compañías bananeras y los grandes terratenientes no estaban dispuestos a aceptar una reforma prudente. Se dice que el objetivo de una reunión secreta de oficiales superiores, administradores de la UFCO y el embajador de los EE.UU. fue evitar que Villeda Morales tomara el mismo rumbo que Árbenz en Guatemala. El presidente apaciguó a las compañías con concesiones de tierra, cuando al mismo tiempo les concedió tierras a los campesinos. Éstos se consideraron en pleno derecho de ocupar tierras porque a muchos de ellos las multinacionales bananeras les habían expulsado de sus tierras o les habían echado del trabajo.» Un año después del inicio de la reforma agraria, el coronel Oswaldo López Arellano, el 3 de octubre de 1963, derrocó al presidente reelegido Ramón Villeda Morales.

El coronel López Arellano era oficial de carrera. Después del golpe de estado contra Villeda gobernó de facto, hasta que en 1965 se hizo declarar presidente constitucional a través de elecciones fraudulentas para luego seguir gobernando durante seis años, hasta junio de 1971. «Su gobierno militar populista llevó a cabo reformas sin entrar en enfrentamiento abierto contra la derecha. Ante el creciente movimiento de campesinos, López lanzó sus reformas agrarias, permitiendo al mismo tiempo a los grandes terratenientes que repartieran sus bienes entre los miembros de la familia para evitar la expropiación. En 1966, los terratenientes formaron la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), que empezó a hacer mala sangre contra los inmigrantes salvadoreños» hasta que estalló la guerra de las 100 horas de 1969: «Al INA le pareció más fácil echar a los inmigrantes salvadoreños que expropiar las tierras sin cultivar de los terratenientes. En abril de 1969, el gobierno impuso un ultimátum de 30 días a los salvadoreños y 11 000 de ellos marcharon del país.»

En julio, las selecciones nacionales entre Honduras y El Salvador para las eliminatorias de la Copa Mundial por fin dieron al coronel Fidel Sánchez Hernández en El Salvador el insignificante motivo de iniciar la guerra contra el país vecino. Las consecuencias fueron desastrosas: entre 4000 y 6000 víctimas civiles, entre 60 000 y 130 000 salvadoreñ@s expulsad@s de Honduras, el colapso del Mercado Común Centroamericano y la consolidación del rol político de las Fuerzas Armadas en ambos países. En Honduras, «López Arellano no logró tranquilizar al núcleo duro entre los militares. En un caso de corrupción que pasaría a la historia de la república bananera con el nombre de “Bananagate” se le acusó de aceptar sobornos por parte de la United Brands y tuvo que dimitir. Una vez más las ganadoras fueron las compañías bananeras, ya que en 1975 el nuevo presidente –el general Juan Alberto Melgar Castro del Partido Nacional– frenó el proceso de crear un impuesto de un dólar estadounidense por caja de banano de 23kg para la exportación.» En el mismo año, el nombre de General Melgar Castro aparece en otro contexto.  «Los campesinos últimamente se mostraron muy disciplinados en su lucha por las tierras.  Antes de ocuparlas averiguaron la situación legal de la tierra en cuestión y se la comunicaron al INA.» Los terratenientes no tuvieron tanta paciencia: en un ataque por parte de la FENAGH, 14 activistas de la Unión Nacional de Campesinos (UNC) –entre l@s cuales se encontraron dos curas y dos testigos del crimen– fueron asesinad@s. Los cadáveres aparecieron enterrados en la hacienda del rico comerciante de madera José Manuel Zelaya, Los Horcones, en el departamento oriental de Olanche. Su hijo mayor, José Manuel “Mel” Zelaya Rosales tenía 23 años en el momento de la masacre. Medio año más tarde se casó con Xiomara Castro, la hija del presidente. Los oficiales de las Fuerzas Armadas que estuvieron involucrados en la masacre fueron condenados a diez años de prisión, pero Zelaya senior fue indultado a los cuatro años por parte de Melgar Castro, quien por otro lado momentáneamente aceleró el proceso de distribución de tierras, expropiando casi 25 000 hectáreas de tierra de los grandes terratenientes y más de 11 000 hectáreas de la UFCO. Sin embargo, tras esa iniciativa la reforma agraria siguió avanzando a paso de tortuga.

A causa de las guerras en El Salvador y Guatemala y del gobierno sandinista en Nicaragua, el gobierno de Reagan decidió que había llegado el momento de reconstruir el Estado de Honduras. Inició ese proyecto planteando la existencia de elecciones formales como único requisito de la democracia.
 
Hasta el día de hoy se desembarcan bananos en Honduras: Dole y el puerto en Bahía de Trujillo
En enero de 1982 el liberal Roberto Suazo Córdova se convirtió en presidente del país. Desde luego resultó una buena elección para los EE.UU.: en todo su periodo de mandato se repartieron tan sólo unas 16 000 hectáreas a los sin tierra, cuando el coronel López Arellano había alcanzado una cantidad de 700 000 hectáreas. Desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas hondureñas, el Estado Mayor también tomó una buena decisión cuando le nombró jefe al coronel Gustavo Álvarez Martínez en 1982: «En 1977, la Standard Fruit llamó al IV batallón de infantería de La Ceiba para que asaltara las oficinas de la Empresa Asociativa Campesina de Isletas, que se había fundado por 900 compañeras y compañeros en tierras anteriormente expropiadas por esa compañía.» Cuando la empresa ya no quiso vender a través de la Standard, la compañía organizó una asamblea general extraordinaria para votar una nueva dirección y mandó a una unidad militar bajo el comando del coronel Álvarez, que figuraba en la nómina de la Standard. Éste mandó a la prisión a la dirección entera por dos años.

La nueva dirección firmó un contrato de exportación a largo plazo con la Standard, aceptando precios muy por debajo de los recomendados por la Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB). En 1981, la empresa estaba arruinada y el INA se hizo con las tierras. En 1979, Álvarez se había hecho jefe de Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) –dependiente del Ministerio de Defensa– y en 1980 se convirtió en jefe de la policía secreta (DNI). Comenzó un periodo de asesinatos, desapariciones y tortura. «Álvarez estaba convencido de llevar a cabo una guerra sagrada. En una ocasión dijo: “Solo existen dos tipos de políticos: los comunistas y los otros. Todo lo que se haga para destruir el régimen marxista es legítimo.”» La amistad de Álvarez con el candidato de los liberales, Suazo Córdova, resultó beneficiosa para ambos lados. Suazo ascendió a Álvarez a Jefe de Estado Mayor del Ejército y a General de Brigada y, una vez ganadas las elecciones, le nombró Ministro de Defensa. Dos meses antes de que el militar entrara en sus nuevas funciones, llegó el hombre que tan profundamente marcaría el destino de Honduras: el embajador estadounidense John Dimitri Negroponte. Durante los dos años siguientes, Negroponte y Álvarez tomaron el control de la economía del país, que de repente recibió ayudas militares de más de 30 millones dólares estadounidenses. Aumentó masivamente el número de maniobras militares en Honduras y la Guardia Nacional estadounidense rediseñó el mapa del país construyendo carreteras y pistas aéreas para la intervención de EE.UU.

En mayo de 1983, las tropas estadounidenses llegaron en Puerto Castillo e instalaron el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) para sus camaradas salvadoreños. La gota que colmó el vaso fue cuando Álvarez redujo el mando superior de las Fuerzas Armadas de 45 a 21 miembros; también influyó la ‘insignificante’ suma de un millón de dólares estadounidenses para compras de armas que faltó en las arcas. Negroponte fue el primero en enterarse de los planes de un golpe de estado y no tuvo objeciones. El 31 de marzo de 1984, Álvarez fue detenido en San Pedro, donde le esperaba un jet para llevárselo a Costa Rica.» Sin embargo, antes de su deportación Álvarez aun tuvo el tiempo suficiente para detener a destacados activistas de los movimientos sindicales, campesinos y de derechos humanos y estableció el escuadrón militar de la muerte Batallón 3-16, que se haría cargo de los ‘subversivos’.

En 1978, Walter López Reyes, general de la Fuerza Aérea que substituyó a Álvarez, dijo al canal de noticias CBS desde el retiro: «Para nosotros era peligroso investigar el asunto porque el que descubriera quien mataba a toda esa gente corría peligro de ser asesinado también.» La Asociación para el Progreso de Honduras (APROH) –una logia de empresarios explícitamente de derechas encabezada por Álvarez– propuso, de cara a la galopante crisis económica a la que se enfrentaba Honduras, convertir el país en un segundo Taiwán o Hong-Kong.

Hacia el final de su historia, Acker llega a la conclusión de que «el estado de guerra inquietó a los inversores. Temían que Honduras no se convirtiera en un segundo Hong-Kong sino en un nuevo Vietnam.» Y añade: «En mayo de 1987, unos 100 000 campesinos y campesinas ocuparon alrededor de 15 000 hectáreas de tierra en el noroeste de Honduras, tratándose de una de las mayores olas de ocupaciones de tierras de la historia del país. El INA se vio obligado a procesar las demandas de tierra, pero la policía de seguridad de la FUSEP, respaldada por la ley antiterrorista impulsada por general Álvarez, detuvo a 450 de los ocupantes. Por lo menos tres campesinos murieron en los enfrentamientos con la policía y los matones de la FENAGH.» El ex general Gustavo Álvarez Martínez en ese entonces se dedicaba a predicar para una secta en Miami. En 1988 volvió a Honduras, donde en enero de 1989 fue asesinado por un comando del Movimiento Popular de Liberación Cinchoneros, una guerrilla facción del Partido Comunista de Honduras.

Bajo los auspicios de Washington las Fuerzas Armadas de Honduras se fueron transformando cada vez más en un Estado dentro del Estado que concede la última palabra al presidente civil o, según el caso, al presidente del Parlamento –como pasó en el caso del derrocamiento de Mel Zelaya–. De ahí que es poco probable que de sus filas salga otro López Arellano. Sin embargo, las iniciativas reformistas del estilo de Villeda Morales se repitieron en dos ocasiones de la historia más reciente: una vez por parte de un jurista miembro de la Corte Internacional en La Haya que simpatizaba con el movimiento estudiantil, Carlos Roberto Reina Idiáquez (presidente liberal de 1994 a 1998); y la otra vez por parte del barón de ganado José Manuel “Mel” Zelaya Rosales que, tras el aprisionamiento de su padre por la masacre de Los Horcones en 1976, tuvo que dejar su carrera de ingeniería para hacerse cargo de la hacienda familiar. Hijo Mel, como bien sabemos, en 1996 se convirtió en presidente de la República. A finales de 2017 se celebrarán las elecciones presenciales, parlamentarias y municipales. Tanto el presidente actual Juan Orlando Hernández como Mel aspiran a un segundo período de mandato. Ante semejante fetichismo de mandatos, a fines de 2016 una tal Gaby advirtió vía Facebook: «Fuerzas Armadas el pueblo confía en Ustedes que esperan para sacar al presidente que está violando la Constitución de la República... hagan lo mismo que hicieron con el señor Manuel Zelaya.» Empezamos bien.



[1] Todas la citas a partir de aquí son de su libro. Alison Acker, Honduras: The making of a Banana Republic, Toronto, 1988.

jueves, 18 de mayo de 2017

Basta de impunidad. Justicia para Berta ya.

¿Hasta cuándo terminará el abuso e impunidad del Ministerio Público y el Poder Judicial en la Causa Berta Cáceres? ¿Tanto poder tienen los autores intelectuales de este crimen que someten abiertamente al sistema de justicia sin que no pase nada?

El equipo legal del MADJ representante judicial de las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres, y el COPINH
 
El equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ),  representante judicial de las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres,  y el  Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) a la opinión pública nacional e internacional informa y reitera su denuncia en torno a: 

1.          Desde que se ejecutó el crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro, el 02 de marzo de 2016, somos parte en el proceso investigativo y judicial bajo la figura del acusador privado. El equipo de abogados que ostenta la representación de la víctimas ha pedido, reiterada y celosamente, acceso a la investigación sobre el crimen, hemos aportado información y se ha solicitado que se ejerzan acciones contra: autores intelectuales, empresas promotoras y la banca nacional e internacional que financia proyectos hidroeléctricos que han sido relacionados con amenazas, hostigamientos y el asesinato de Berta Cáceres, especialmente la empresa DESA que es beneficiaria de la concesión del Río Gualcarque.
2.        Ministerio Público y los tribunales de la república deliberada e ilegalmente, hasta la fecha, siguen negando el acceso a información básica sobre la investigación del crimen. Desde la primera audiencia inicial, desarrollada el 06 de mayo de 2016, y en las consecutivas de distintas fechas, solicitamos se pusiera a nuestra disposición la información en la que se sustenta el dictamen sobre vaciados e intervención a los teléfonos de las personas relacionadas con el crimen. El Tribunal que conoce la causa ordenó que se entregara la información, sin embargo, hasta la fecha, la información ha sido negada. 
3.         Hemos solicitado al Ministerio Público, entre otras cosas, nos entregue los resultados de los análisis efectuados a las evidencias encontradas en los allanamientos y registros practicados a las oficinas de la empresa DESA y a la vivienda de varios de los imputados. También le pedimos al MP nos explicara por qué no se decomisaron varios documentos y mucha otra información que se encontraba dentro de las oficinas de la referida empresa relacionada con la concesión del río Gualcarque, de igual  nos explicaran por qué limitaron nuestro derecho a participar en los allanamientos  y ejercer rol que nos corresponde en esos actos, pese a que nos habíamos personado en la causa. Hasta la fecha, tampoco tenemos respuesta alguna.
4.       La audiencia preliminar iniciada el 19 abril de 2017, la cual tuvo como observadores a varias organizaciones de derechos humanos y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Honduras, fue suspendida porque el mismo tribunal que conoce la causa y el Ministerio Público reconocieron que habían incumplido con el deber de entregar información a las víctimas, para que a través de su equipo de abogados sostuvieran la acusación en contra de los imputados. El mismo juzgado dispuso que el 28 de abril de 2017 se entregaría la información y que el 24 de mayo continuaría la audiencia preliminar. Hemos sido diligentes en ofrecer pagar los costos para el acceso a esta información (fotocopias, traslado de instrumentos y equipo) , sin embargo, hasta la fecha, ni el Tribuna, l ni el Ministerio Público han cumplido y parecen determinados a no cumplir con su deber de entregar la información, por lo cual denunciamos estas tácticas dilatorias que generan más impunidad.
5.          En este contexto de abuso y de impunidad institucional, cumplimos con nuestro deber de informar que nos reconocemos impotentes ante los abusos de esta institucionalidad, revictimizados y cada vez más alarmados del enorme poder que tienen los grupos económicos-criminales que ordenaron el asesinato  de Berta Cáceres.  Pareciera que, por ahora, no hay ninguna fuerza capaz de romper con el pacto de impunidad institucional que cobija a los autores intelectuales de este crimen.
6.          No obstante, ratificamos nuestro compromiso de agotar todas las instancias para que los responsables de este crimen no queden impunes. También nos comprometemos a demandar justicia en contra de los funcionarios que hoy, de distintas maneras, por acción y por omisión, pretenden garantizar impunidad a la estructura criminal que mandó a asesinar a Berta Cáceres.
A la comunidad nacional e internacional, solicitamos activa solidaridad en la demanda de justicia frente a este crimen. 

Basta de impunidad. Justicia para Berta ya.

Mayo de 2017

Ver tambien:
justiciaparabertacaceres.blogspot.de/ 

jueves, 11 de mayo de 2017

David contra Goliath - Las radios comunitarias contrarrestan la discriminación mediática



de Johannes Schwäbl y Andrés Schmidt publicado en ILA, Febrero 2016, Edición 402

La comunicación es un arma para la educación y capacitación. Nos da el espacio para crear cosas adecuadas a nuestra propia realidad. Las radios comunitarias por ejemplo, para nosotros son esenciales, porque en nuestra región, muchos no saben leer ni escribir. Por eso, reforzamos este proceso que es esencial para el proceso político organizativo del COPINH.   Berta Cáceres


Fuente: HondurasDelegation
"Sembrando rebeldía, cosechando la voz del Pueblo!“ - Bajo este lema, Radio Guarajambala emite diariamente entre las 5 a.m. hasta las 10 p.m. desde la ciudad de La Esperanza en los Altos de Honduras. Radio Guarajambala es la mas vieja entre las cuatro radios comunitarias de la organización COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y fue fundada en el año 2003. Diariamente presenta reportajes políticos, culturales, noticias nacionales e internacionales y programas de música.
Mientras la radio como medio de comunicación en muchas regiones del mundo ha perdido importancia en favor de la televisión e Internet, en Honduras las radios comunitarias se encuentran cada vez mas en auge. En las regiones rurales no llega la prensa escrita. Allí, en las cocinas y los campos, la radio es la fuente de información principal.
Después del golpe cívico-militar en el año 2009, el resurgimiento de medios comunitarios era una de las tareas mas agudas para romper el „cerco mediático“ que los golpistas, habían puesto alrededor de las actividades de la resistencia.
Para crear una emisora a nivel local, solo se necesita una pequeña inversión financiera y unxs pocxs activistas motivadxs. La radio local sirve en varios sentidos para  la cohesión de la comunidad. A través de emitir un programa diario de entretenimiento, lxs activistas ganan en autoestima y aumentan su identidad cultural. Intercambiando experiencias y programas con otras emisoras, se desarrolla un espacio cultural independiente de los medios comerciales. La radio también puede servir para la educación política de la población, para la investigación sobre la propia historia o para reportar sobre acontecimientos locales que sin este medio no estarían cubiertos por nadie. Y finalmente la radio es un medio de movilización; por ejemplo cuando se entrevista por teléfono celular directamente a personas durante una manifestación.

La mayor  parte de los medios de comunicación en Honduras, esta en manos de las élites financieras del país. „Las familias Rosenthal, Ferrari, Canahuati, Flores y Nasser están involucradas en casi todas las empresas del país. Su influencia es tan grande, que no solamente financian la política y los partidos, sino también, a través de sus inversiones en radio, televisión y prensa, influencian fuertemente en los resultados de procesos electorales“, dijo el periodista Manuel Torres Calderón en el año 2008. Sobre las condiciones de vida de la población marginalizada de Honduras, en estos medios se habla poco. Los pueblos indígenas se presenta de manera folclórica. Domina una mezcla entre entretenimiento ligero, periodismo sensacionalista y propaganda del gobierno. Cuando se trata de realizar mega-proyectos como de presas hidroeléctricas, minería o turismo, se montan campañas mediáticas para prevenir que la población se oponga. Se alaba las supuestas ventajas de los proyectos y se difama los opositores como enemigos del progreso. Las pocas emisoras comerciales que critican el gobierno, como „Radio Globo“ o „Globo TV“, se encuentran bajo presión. En mayo 2016, la autoridad estatal de telecomunicaciones CONATEL prohibió temporalmente la emisión de Globo TV.
Para enfrentar esta marginalizacion mediática, las organizaciones sociales han levantado múltiples medios propios. Especialmente las organizaciones OFRANEH (Organización Fraternal Negra de Honduras) y COPINH lograron grandes avances en este campo en los últimos años.
OFRANEH apoyaba a la fundación de la primera radio comunitaria en Honduras, „Radio Faluma Bimetu“ („Coco dulce“) en la comunidad caribeña de Triunfo de la Cruz. Este año celebrará su 20 aniversario. Desde entonces, OFRANEH ha apoyado la construcción de otras seis emisoras en varias comunidades de la costa norte.
„La divulgación del conocimiento tradicional, entre los garífunas lo hacemos de la manera oral. Así las radios se han desarrollado como un instrumento de fomento de la cultura y de análisis político. Para el actual gobierno, que vela por la venta de nuestros territorios, la red de radios comunitarias es un obstáculo para sus proyectos y para la venta de nuestros bienes comunes“, se dice en una declaración de la red de radios garífunas, „Hamalali Garinagu“.

Las radios de OFRANEH, COPINH y de otras organizaciones de base están organizadas en la „Red Mesoamericana de Radios Comunitarias Indígenas, Garifunas y Feministas“. Esta red unifica radios que provienen de los diferentes movimientos sociales. En Honduras, la red cuenta actualmente con 14 emisoras de las organizaciones OFRANEH, COPINH, COPA, ADEPZA y la Red de Defensoras de DDHH de Honduras. Los enfoques de trabajo de la red son: Apoyo a los procesos de organización de las radios y de la Red, apoyo a la participación de mujeres en las radios, capacitación de corresponsales y tecnicxs de radio, y el levantamiento de nuevas estaciones de radio.
Un papel importante para las emisoras locales juega „Radio Progreso“. La emisora es un proyecto de la misión jesuita en la ciudad de El Progreso que tiene una trayectoria de 60 años y cubre con su señal una gran parte del país. Gracias a la calidad de sus análisis mantiene una posición clave en el movimiento democrático del país. Radio Progreso cuenta con una amplia red de corresponsales de las organizaciones sociales, de los cuales muchos son activistas en las radios comunitarias.

El movimiento de radios comunitarias sigue muy dinámico. Comunidades rurales, indígenas, marginalizadas, como es la comunidad tolupán de San Francisco de  Locomapa, se apoderan del medio por su sencillez de instalación y operación. Actualmente en la punta de la colina en el centro de la comunidad, solo se ve un pasto seco. Pero mientras nos posicionamos junto a lxs 15 activistas de radio para tomar una foto de recuerdo, nos cuentan el plan para un futuro cercano: - la señal de la primera radio del pueblo Locomapa va a salir desde aquí hasta los valles y las colimas en los alrededores. Las comunidades, que desde décadas son victimas de la discriminación y del saqueo de sus recursos naturales, por primera vez tendrían un medio propio. Un instrumento importante para la recuperación de su identidad y para la defensa contra la tala de arboles y minería que se hace de manera ilegal en sus territorios.

Cuando en Honduras se funda una radio comunitaria, los iniciadores en su mayoría son jóvenes. En Locomapa hablamos con Deylis, que a sus 18 años tiene ya varias experiencias trabajando en periodismo. Ha participado en talleres de capacitación y fue elegida por la emisora Radio Progreso como corresponsal para la región indígena tolupán.
Una licencia oficial, lxs activistas no piensan solicitar. La mayoría de las radios comunitarias de Honduras emiten sin licencia. Organizaciones indígenas como OFRANEH o COPINH reclaman su derecho a mantener sus propios medios de comunicación, que esta garantizado por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre derechos indígenas, y a su derecho básico de información y libre expresión. En este marco, se define el espacio radial en si como parte del territorio y el ejercicio de la libertad de información y expresión como un acto en la defensa del territorio.

En el año 2013 la autoridad nacional de telecomunicaciones CONATEL, dió un cambió fruto a la presión internacional sobre los reglamentos técnicos para el espacio radial. Por primera vez, se introdujo la figura jurídica de la radio comunitaria. A través de sistematizar  las frecuencias FM, se ofrecieron 60 frecuencias nuevas. Aparte de diez excepciones, estas frecuencias no se otorgaron a radios comunitarias, sino a personas privadas, grupos religiosos y estatales.
Desde un principio, la mayor parte de radios comunitarias hondureñas rechazaron los reglamentos porque no se había consultado las radios anteriormente. Según ellos, la pretendida democratización del espacio radial no se percibia en ningún lado. Muchas organizaciones temen que los nuevos reglamentos servirán para controlar mas las radios comunitarias y para facilitar su racionalización. Así, se podría dividir el movimiento en „buenas“ radios con licencia y „malas“ sin licencia.
En los últimos años aumentaron los actos de represión contra las radios por parte de CONATEL:  En abril del 2015, OFRANEH denunciaba la intimidación de miembros de las radios garífunas por CONATEL y expreso el temor de que sus radios podían ser cerrados. También emisoras que trabajan con licencia se ven confrontadas con obstáculos. En el año 2014, CONATEL citaba activistas de la radio „La Voz de Puca“ a declarar por haber criticado directamente al presidente y su esposa. A la „Radio Zacate Grande“ se ordenó quitar los murales que decoraban su estacion de radio y  a „no divulgar noticias que sean contra el progreso“. Los rostros de Che Guevara, Lempira y Morazán, según CONATEL, estimulaban „desorden y desestabilizador“.

Aparte de la represión por CONATEL, hostigamientos y amenazas son parte de la vida cotidiana para lxs activistas, que prestan su voz a los movimientos sociales y por eso muchas veces se enfrentan con los intereses de las élites y  autoridades del Estado. En el año 2016, miembros de „Radio Dignidad“ de la organización MADJ recibieron multiples amenazas de muerte por teléfono. COPINH y OFRANEH denunciaron de manera seguida la observación, agresión física y detención arbitraria de sus corresponsales de sus radios comunitarias.

A pesar de la represión, comunidades indígenas y campesinas siguen ejerciendo su derecho a la libre información y expresión a través de medios propios. „Vamos a extender nuestros proyectos de radio, porque son instrumentos importantes para la información de la población sobre las amenazas contra los cuales los garífunas tendremos que defendernos“, explica Míriam Miranda, coordinadora de OFRANEH.